El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, le salió al paso a la campaña gestada por el Gobierno ‘Proteger la Democracia, paga’, que consiste en entregar hasta $5 millones, a quienes denuncien a personas políticos y personas involucrados en la compra de votos y otros delitos de corrupción al elector, de cara a las elecciones de este domingo 29 de octubre.

Barbosa se opone a este plan y anunció que investigarán por el delito de peculado a los funcionarios del Estado que paguen recompensas a ciudadanos para que denuncien delitos electorales en medio del proceso electoral.

El Fiscal declaró: “Ni más faltaba que el Ejecutivo haga las investigaciones”, y especificó que no se puede suplantar las funciones de la Rama Judicial, en relación a que la campaña en mención fue ideada por el Presidente Gustavo Petro.

Sostuvo que hasta el 13 de febrero de 2024, cuando termine su periodo como fiscal, seguirá pidiendo autonomía e independencia judicial.

“Cuando uno establece un mecanismo que va a pagar por unas denuncias de unos presuntos hechos constitutivos de delitos, usted, pues parte de la base que está corroborando que cuando está pagando esa información es la Fiscalía General o los jueces de la República. Eso me parece muy complejo, porque se suplanta la función de la Rama Judicial”, afirmó Barbosa.

También dijo que la denuncia es un deber ciudadano.

“Si entramos en ese terreno mañana ofrecemos plata para que denuncien por violencia intrafamiliar, secuestrar y demás”, agregó el jefe del ente investigador.

Barbosa también afirmó que los funcionarios que paguen esas recompensas serán investigados.

“Y si se pagan esos recursos, después de la investigación judicial, se llega a la conclusión que no hay nada, se iniciarán los procesos por peculado y por falsa de denuncia y se conocerán las demandas contra el Estado por esta ‘Gran idea’”, afirmó.

La campaña ‘Proteger la Democracia, paga’ fue creada como una fórmula de contrarrestar de manera efectiva el fenómeno de la compra y venta de votos, un mal que hace años afecta al sistema electoral colombiano con algunos políticos que invierten grandes sumas para corromper al elector y ganar curules de esta forma.

El plan contempla las siguientes cifras: $1 millón por denunciar a los llamados mochileros que compran votos.

$2 millones, por denunciar comandos donde paguen los votos.

$3 millones, por denunciar a políticos cometiendo trashumancia, fraude en la inscripción de cédulas.

$4 millones, por denunciar el lugar y personas encargadas de pagar los votos.

$5 millones, por denuncia de jurados y testigos falsos en puestos de votación.

Los canales de denuncias son: www.uriel.mininterior.gov.co y denunciasuriel@mininterior.gov.co.

También la línea gratuita desde celular #623.